El silencio del Presidente

Por Denis García Salinas/Editor

El presidente se esconde en el silencio cada vez que estalla una crisis política en el país. O ignora, generalmente, los hechos cuando pronuncia un discurso en un acto público. Ese hermetismo se ha convertido en una costumbre del mandatario. Es decir, en una ley del ejecutivo. Usualmente, los presidentes aparecen en escena cuando se producen problemas políticos en el país, para pronunciarse sobre estos, ya sea para bien o para mal. En los últimos acontemientos sucedidos en Managua y Boaco la ausencia del presidente ha sido notoria. Sin embargo, ese silencio del mandatario ha sido su principal estrategia para articular su política detrás de la puerta del ejecutivo. Daniel Ortega ha optado tras su arribo al poder en el 2006 no dar la cara cuando se suscitan fenómenos políticos en la capital, inclusive disturbios. Ese proceder se ha transformado en su estrategia ante los asuntos internos que lo implican a él. Si bien es cierto la ausencia del presidente ocurre justamente cuando más se requiere de su presencia, Ortega no está al margen de esos sucesos. Esto lo veamos en los últimos eventos políticos desatados en el país. En Boaco, una ciudad al norte del país, hay amagos de una rebelión civil, primeramente originada tras la destitución del alcalde de ese ciudad Hugo Barquero y después por la intervención de la clase política liberal (Eduardo Montealegre y Arnoldo Alemán) en la ciudad de Dos Pisos, los niveles del conflicto alteró la calma y los disturbios se sucedieron con heridos y detenidos.

Los liberales y los líderes de la sociedad civil culparon al Gobierno de Ortega y acusaron a la policía de actuar parcialmente en ese asunto en el que se acusa al alcalde destituido de actos de corrupción. No obstante, ninguna corte o organismo contralor había declarado que Barquero había malversado fondos municipales ni un tribunal lo había condenado con condena firme de kprivación de su libertad o dee inhabilitación para ejercer el cargo. Nada de esto se cumplió y extrañamente el alcalde fue destituido e inmediatamente se nombró a su sustituto. Además, el Concejo Municipal no remitió al Consejo Supremo Electoral la resolución declarando que Barquero había cesado en su cargo y con los soportes de quien sería su sustituto. Todo se hizo rápido y la parte perjudicada alegó que no se cumplieron los términos del proceso, violando la Constitución y la Ley Municipal. Ante esos hechos, la oposición cree que el presidente ha propinado un golpe de Estado contra el gobierno municipal de ese lugar, que estaba en manos de liberales. Además, los opositores aseguran que el gobierno de Ortega ha urdido un plan para apoderarse por esa vía de otras alcaldías municipales. Pero Ortega se ha mostrado indiferente ante esas serias aseveraciones de los opositores. En el foro del Parlamento Centroamericano, celebrado a finales de junio, Ortega se vió más preocupado por lo que ocurre en Honduras, que sufrió un golpe bajo a la democracia, en Irán, donde teme se origine una conflagración que abarque gran parte del globo y por la suerte de Manuel Antonio Noriega, procesado y encarcelado por tráfico de drogas y lavado de dólares. Ortega afirmó que Noriega trabajó “muy de cerca” del entonces presidente George Bush (viejo), y trató de arrastrarlo a los planes de invasión con Nicaragua en la turbulenta década del ochenta. Ortega reveló que Noriega se resistió involucrarse en esa conspiración, y por tal razón, Bush lo “castigó” con la acusación de tráfico de drogas. Noriega cumplió condena de 20 años en cárceles de Estados Unidos, desde donde fue extraditado por Francia. Allí se le procesara por idénticos delitos. En esa conferencia, el presidente no dedicó, al menos, ni unas líneas a la crisis política de Boaco ni a los problemas de los Poderes del Estado, donde están pendiente la elección de magistrados.

La población de Boaco es mayoritariamente opositora, pero en estos día los sandinistas montaron una manifestación muy respetable en una ciudad que ha votado en contra del partido gobernante. El gobierno apuesta a prolongarse en el poder a través de elecciones, pero que la oposición teme que prepare un fraude como dicen sucedió en las elecciones municipales del 2008. El alcalde Barquero, expulsado del Ayuntamiento por la Policía Nacional, ha desafiado al Gobierno, instando a la población a la desobediencia civil. La situación se prolongará en la medidad que no se busque una solución apegada a Derecho y mientras los líderes opositores no cejen de aprovechar esa situación para escalar el conflicto, para sacar sus réditos políticos. Luis Angel Montenegro, presidente de la Contraloría cuyo periodo se le venció en ese cargo, ordenó una auditoría en la alcaldía de Boaco, donde asegura que encontraron causales (sobre ingresos y egresos) para determinar que hubo corrupción. Dice que las auditorías se están llevando en otros ayuntamientos, sospechosos de corrupció. Por su parte, los opositores aducen que la actuación del gobierno seguirá bajo sospecha si persiste en inmiscuirse en un asunto que, teóricamente, le compete solo a los ayuntamientos. Para la disidente sandinista Mónica Baltodano, el gobierno está cayendo en una trampa, tras lo que llamó destitución arbitraria del alcalde y lo consideró como el máximo atropello porque se está violentando el derecho de los votantes que eligieron a Baquero. Una vez más el presidente Ortega le está sirviendo en bandeja a la oposición nuevas armas para atacar a su Gobierno. Si el citado alcalde estaba implicado en actos de corrupción, hubiesen utilizado los mecanismos legales y el debido proceso para determinar si Barquero había cometido delito. Bastaba mostrar las pruebas para enjuciar a Barquero. El problema se suscitó por la forma como desplazaron al alcalde. Si se hubiese buscado la vía de los tribunales, los problemas quizás no hubiesen tomado el cariz tumultuoso. Ahora, vemos como Eduardo Montealegre levanta fácilmente su perfil, abollado últimamente. Su figura aparece constantemente en los medios televisivos, atacando al Gobierno, y él se ha trasladado a Boaco, para explotar el problema a su favor y mostrarse como un potable candidato presidencial. Igualmente, lo hace Arnoldo Alemán que trata de maquillar su magullada imagen. Mientras ambos dirigentes se roban las calles de Boaco y aparecen en los medios de comunicación, no se sabe dónde está el presidente. Si bien es cierto es un problema del gobieno municipal de Boaco, el asunto ha trascendidos los pasillos edilicios para convertirse en un asunto nacional.

Y todo esto sucede precisamente cuando en la Corte Suprema de Justicia sigue el conflicto por la designación de la magistrada Alba Luz Ramos como titular de ese Poder del Estado y a la vez arrastrando el drama de la elecciones de una veintena de funcionarios de varios Poderes del Estado. Los hechos en Boaco han desplazado de las cabecereas de los periódicos y los medios electrónicos la noticia de la CSJ, pero podría ser una simple estrategia para obligar a los liberales a negociar globalmente esos problemas, aunque la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, ha criticado a los magistrados liberales por preocuparse más por la situación en su conjunto que los problemas del Poder Judicial. La experiencia ha demostrado que tarde o temprano los dos bloques políticos en perenne pugna tendrán que negociar en medio de los daños que le han hecho al país. Eso es inevitable y es una historia conocida: Negociar al borde del abismo. Dejar pasar el tiempo y mirar indiferente que la casa se incendie para llegar, posteriormente, a sofocar las llamas que consumen, literalmente, este maldito paí, como le llamó el novelista José Román.